Principios definitorios
Uno de los principales objetivos del derecho administrativo es asegurar una administración eficiente, económica y justa. Un sistema de derecho administrativo que impida o frustre la administración sería claramente malo, y también lo sería un sistema que diera lugar a una injusticia para el individuo. Pero juzgar si el derecho administrativo ayuda u obstaculiza la administración efectiva o funciona de tal manera que niega la justicia al individuo implica un examen de los fines a los que se supone que sirve la administración pública, así como de los medios que emplea.
En este sentido sólo se pueden intentar las más amplias generalidades. Se puede afirmar que todos los estados, independientemente de su sistema económico y político o de su etapa de desarrollo, están tratando de lograr una alta tasa de crecimiento económico y un mayor ingreso promedio por persona. Todos persiguen los objetivos de modernización, urbanización e industrialización. Todos intentan proporcionar los principales servicios sociales, especialmente la educación y la sanidad pública, al nivel más alto posible. El nivel de expectativas populares es mucho más alto que en épocas anteriores. Se espera que el gobierno no sólo mantenga el orden, sino que logre el progreso. Existe la creencia generalizada de que una acción gubernamental sabia y bien dirigida puede abolir la pobreza, evitar el grave desempleo, elevar el nivel de vida de la nación y lograr un rápido desarrollo social. La gente de todos los países es mucho más consciente que sus antepasados del impacto del gobierno en su vida cotidiana y de su potencial para el bien y el mal.
El crecimiento de las funciones del Estado se encuentra en los países más desarrollados y en los menos desarrollados; tanto en los estados antiguos como en los nuevos; en los regímenes democráticos, autoritarios y totalitarios; y en las economías mixtas de Occidente. El movimiento está lejos de haber alcanzado su cenit. Con cada adición a las funciones del Estado, los órganos administrativos en cuestión, que pueden ser ministerios centrales, gobiernos locales, provinciales o regionales, o agencias especiales creadas para un fin determinado, han adquirido poderes adicionales.