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Abstract

La Regla de Dillon ha sido una doctrina guía en las relaciones constitucionales entre el estado y el gobierno local durante más de un siglo. En pocas palabras, declara que las jurisdicciones locales son criaturas del Estado y sólo pueden ejercer los poderes que éste les otorga expresamente. Históricamente, esta doctrina representó una respuesta a los cambios revolucionarios de la segunda mitad del siglo XIX y formó parte de la lucha por controlar y conciliar las demandas, a menudo conflictivas, de lo antiguo y lo nuevo. Aunque no siempre a un ritmo constante, la centralización del Estado aumentó durante este periodo. Con el tiempo, surgió un movimiento contrario, identificado con los partidarios de la autonomía. Sin embargo, este último sólo tuvo un impacto menor a la hora de detener la erosión de la autonomía local. Ante las abrumadoras fuerzas políticas, económicas y sociales del siglo XX que fomentaban la centralización, la controversia constitucional originada por la Regla de Dillon perdió relevancia como factor determinante de las relaciones entre el Estado y los municipios. El tipo de centralización que finalmente surgió fue uno en el que el poder se concentraba en burocracias definidas funcionalmente que esencialmente trascendían los niveles de gobierno definidos geográficamente. El reconocimiento de esta evolución fomentó nuevos movimientos de autonomía destinados a debilitar el control de las burocracias profesionales y devolver una mayor autoridad discrecional a los funcionarios políticos a nivel local. Programas como la guerra contra la pobreza, las ciudades modelo y el reparto de los ingresos representan los intentos de disminuir la influencia de las burocracias en la política local.